Denuncian demoras de la Fiscalía en atención de procesos por falsos positivos de Soacha

Dos años después de la desaparición y posterior asesinato a manos de integrantes del Ejército de cuatro habitantes de Soacha, Cundinamarca, sus seres queridos expresaron gran preocupación porque la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo contra los militares implicados en esos crímenes.

Colombia
Se trata de los casos de los llamados “falsos positivos” que no se están adelantando en Bogotá sino en Bucaramanga y Cúcuta y tienen que ver con los homicidios en falsos combates de los jóvenes Jaime Stiven Valencia, menor de edad cuando ocurrieron los hechos, Daniel Alexander Martínez, Jaime Castillo y Daniel Alexander Arenas Garzón.

Mientras los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá que investigan la desaparición y posterior asesinato de 10 de los jóvenes de Soacha, ordenaron en mayo de 2009 la captura de 55 militares entre ellos dos coroneles por esos hechos delictivos, hasta este momento los fiscales de Bucaramanga y Cúcuta no han ordenado la captura de un solo uniformado por el homicidio agravado de otros cuatro humildes habitantes del sur de la capital del país.

Según pudo establecer Caracol Radio en fuentes cercanas a los procesos, en los tres casos que se llevan a cabo en una fiscalía de Derechos Humanos de Cúcuta han ocurrido demoras para iniciar de manera formal el proceso contra los militares, porque entre otras cosas hubo un cambio de fiscal durante la etapa de indagación preliminar y posteriormente el funcionario judicial que asumió las investigaciones fue nombrado en un rango superior en el área de coordinación, imponiéndole mayor carga laboral y por lo tanto menos tiempo para concentrarse en los procesos.

En cuanto al caso que se adelanta en Bucaramanga por la desaparición y posterior asesinato de Daniel Alexander Arenas Garzón, Caracol Radio estableció que hubo una demora de casi nueve meses para que la justicia penal militar remitiera el expediente a la Fiscalía.

Personas que han estado de manera permanente vinculadas a los casos lamentaron que la Fiscalía general de la Nación no haya designado a fiscales dedicados exclusivamente a investigar un caso tan delicado y grave como el de los “falsos positivos”, lo que hace que los procesos no se adelanten al ritmo esperado porque los funcionarios judiciales tienen que atender otros procesos.

María Sanabria, madre de Jaime Stiven Valencia, menor de edad que desapareció en Soacha el seis de febrero de 2008 y fue reportado como un supuesto delincuente muerto en combates en Ocaña dos días después, lamentó que en su caso todavía no se haya llevado a cabo ninguna audiencia contra los militares implicados en el homicidio de su hijo.

Por su parte, Jackeline Castillo, hermana de Jaime Castillo, desaparecido el 10 de agosto de 2008 en el noroccidente de Bogotá y asesinado dos días después en Norte de Santander, advirtió que pese a que hay serios indicios en contra de los militares y civiles que habrían matado a su hermano, el fiscal del caso todavía no ha realizado imputación de cargos en contra de esas personas.

Para Gloria Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, desaparecido de Soacha el seis de febrero de 2008 y asesinado dos días después en Ocaña, la situación es muy preocupante porque no se observan avances claros para determinar quiénes fueron los uniformados responsables del homicidio de su hermano.

Estas dificultades en el inicio de los procesos formales por cuatro de los llamados “falsos positivos” de Soacha, se suman al escándalo generado por la libertad de más de 30 militares implicados en estos delitos, simplemente porque la justicia no ha sido capaz de tramitar dentro de los términos legales, las audiencias de juzgamiento en su contra.